La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz Delgado, anunció irónicamente el pasado 1 de mayo de 2024 la publicación en el BOE del convenio especial para la recuperación de los periodos de “prácticas formativas y de prácticas externas” a efectos de cotización a la Seguridad Social (Orden ISM/386/20241). Desde la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI-PRECARIAS), expresamos nuestro apoyo a las reivindicaciones de las personas afectadas y rechazamos los términos fijados.
Durante años el personal investigador en las universidades públicas y centros adscritos estuvo realizando labores docentes y de investigación sin cotizar con todas las consecuencias y precariedad que ello implica. Entre ellas, tener cero días trabajados de cara a distintas prestaciones sociales, como es la jubilación. Esta situación consiguió ser atajada gracias al esfuerzo organizativo y colectivo de las personas que integraban la FJI en ese momento2 junto con otras asociaciones y sindicatos representantes del colectivo investigador. Las becas dejaban de ser becas y empezaban a ser jurídicamente lo que eran en la práctica: un contrato laboral con el que realizar un trabajo.
No obstante, esta mejora no se aplicó a situaciones anteriores a la entrada en vigor de la norma. Debido a esto, el nuevo convenio se plantea como forma de revertir parcialmente esta problemática. Sin embargo, una vez más, las buenas intenciones resultan insuficientes y, su ejecución, deficiente a todas luces. Es inadmisible el precio exorbitado que se ha estipulado (290€/mes) y, sobre todo, que sean los propios trabajadores y trabajadoras, en lugar de las organizaciones e instituciones financiadoras, quienes se hagan cargo de estos costes. Estamos hablando de 17.000€ para poder acceder a este derecho – un garantizado en la actualidad-, sin mencionar las cuantías mínimas de algunas de las becas que se percibían en ese momento: 600€/mes. Desde la Federación de Jóvenes Investigadores, creemos que se debe permitir recuperar los años de cotización a la Seguridad Social como justo reconocimiento a un colectivo que carecía de derechos laborales básicos, situación que ha caracterizado -y caracteriza- a la carrera investigadora en España, la cual sólo avanza en derechos gracias a la presión y organización de los colectivos de investigadores.
Lamentablemente, aquello de que los investigadores paguen la cuota patronal no nos resulta algo tan ajeno a la realidad actual como nos gustaría. Por ejemplo, muchas de las personas beneficiarias del programa Margarita Salas (2022-2024), pese a ser trabajadoras con contrato laboral, han tenido que hacerse cargo de pagar la cuota patronal3 (más de un 30% del salario mensual) y muchas veces, sin que pudieran intuir esta condición antes de aceptar el contrato. En un contexto de precariedad en la investigación, el ataque a las condiciones laborales de las trabajadoras, como supone el nuevo convenio especial, sólo se suma a los que ya veníamos sufriendo: períodos de 20 años de temporalidad hasta conseguir la estabilización, salarios por debajo del grupo equivalente en materia de formación -como mínimo, el M3 del IV CUAGE-, la ausencia de creación de un grupo profesional M4 relativo al título de Doctor, o la falta de un Estatuto del Personal de Investigación que ponga solución a estos problemas, por no mencionar la realidad de que muchos trabajadores de la investigación lo siguen haciendo sin contrato, como es el caso de las personas que realizan tesis doctorales sin financiación, generando el mismo beneficio para la sociedad, pero gratis.
Siguiendo con el legado de la FJI, esto es, trabajar para conseguir mejoras que apliquen a toda la comunidad científica e investigadora, instamos a las instituciones competentes a que revisen el convenio publicado y negocien con las personas afectadas o sus representantes libremente elegidos. Particularmente, manifestamos nuestro apoyo a las siguientes medidas:
- La rectificación de la regulación del convenio especial incorporando las alegaciones presentadas por COSCE4 y por otras entidades como ANIH, ASEICA y CGCOB, en línea con las propuestas y voluntades de ABID5, en concreto respecto a cubrir sólo la cuota de cotización que le habría correspondido a la persona trabajadora (sin coste de empresa).
- La legislación de un mecanismo de reconocimiento de todo el tiempo trabajado con becas de investigación anterior a la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia de 2011, eliminando el límite arbitrario de 5 años, teniendo en cuenta a las personas que han estado 10 o 15 años en esa situación, y prescindiendo de la necesidad de suscribir un convenio especial, de manera similar a como se ha hecho con otros colectivos. Este mecanismo debe reconocer dicho tiempo a efectos de la Seguridad Social y en relación con otros aspectos esenciales de la carrera profesional, como pueden ser los términos de antigüedad o evaluación de méritos investigadores y docentes, así como en otros criterios de evaluación para personal funcionario, estatutario y laboral.
De la misma manera, queremos transmitir nuestro apoyo a estas asociaciones, las cuales asumen el protagonismo de esta reivindicación en la actualidad en las diferentes reuniones que se van a mantener con este fin, y reivindicamos que las políticas públicas sólo se pueden hacer teniendo en cuenta a los colectivos afectados que serán recipientes de sus consecuencias. También celebraremos cualquier intención de apertura por parte del Ministerio competente por entablar conversaciones al respecto con las asociaciones afectadas y, por tanto, con la sociedad civil.
Finalmente, aprovechando el recordatorio que esta polémica nos brinda y recordando la privación de derechos que ha sufrido históricamente el personal docente y de investigación, nos gustaría enfatizar que las distintas figuras pre y postdoctorales (actualmente los FPU, FPI, Margarita Salas, Ramón y Cajal, etc.), no son becarios, son trabajadores. El lenguaje tiene implicaciones en la propia concepción de nuestros derechos, por ello toda la comunidad científica, desde predoctorales hasta rectores y catedráticos, debemos ser los primeros en dejar de usar las denominaciones “becas” y “becarios/as” en nuestro día a día, para así reconocernos y que nos reconozcan como lo que somos, trabajadores/as con derechos laborales.
14 de Mayo de 2024
Comisión de Documentación, Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios
- Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas reguladas en la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, realizadas con anterioridad a su fecha de entrada en vigor. https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/01/pdfs/BOE-A-2024-8713.pdf ↩︎
- ¡Dejadnos cotizar! Federación de Jóvenes Investigadores FJI/Precarios (2011) https://precarios.org/dejadnos+cotizar ↩︎
- Los investigadores denuncian que algunas universidades se quedan con parte de su salario – El Salto Diario https://www.elsaltodiario.com/precariedad/investigadores-denuncian-universidades-se-quedan-parte-salario ↩︎
- Ante la orden ministerial de regularización de cotización retroactiva de becarios de investigación – Confederación de Sociedades Científicas de España https://cosce.org/ante-la-orden-ministerial-de-regularizacion-de-cotizacion-retroactiva-de-becarios-de-investigacion/
↩︎ - Manifiesto para recoger firmas de Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID) https://drive.google.com/file/d/15kZ2fUdJB0NKd35UFj0Yc5TnSn_T_hQo/view ↩︎