En los últimos años se ha puesto de manifiesto el papel determinante de la investigación científica en la sociedad. La pandemia de COVID-19 y la emergencia climática son dos ejemplos de cómo la investigación científica supone uno de los pilares principales para afrontar la complejidad de los retos actuales. En el plano legislativo hemos visto algunos avances en la incorporación de derechos del personal de investigación con la aprobación de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) así como un incremento en el presupuesto de I+D+I impulsado por los fondos europeos Next-Generation EU. Sin embargo, una reforma parcial y una inyección temporal de fondos no pueden hacer frente a las necesarias transformaciones pendientes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Es el momento de establecer un nuevo pacto por la ciencia, centrándonos en cuatro pilares fundamentales para la próxima legislatura:

1. Estatuto del personal de investigación

El sistema de gestión en la ciencia ha de escuchar a las personas que la producen, a las personas que hacen la ciencia, a todo el personal de investigación. Defendemos el modelo de ciencia que comienza en la protección de su base humana como el mejor cohesionado, más eficiente y más innovador. Por este motivo, el inicio de la transformación social desde la ciencia y la investigación debe situarse sobre las condiciones laborales y los derechos de toda su
plantilla. Siguiendo el ejemplo de lo que supuso el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) en 2019 para el colectivo predoctoral, necesitamos un Estatuto del Personal de Investigación (EPI) que incluya a todo el personal investigador, técnico y de gestión en ciencia. Se deben garantizar derechos mínimos en cuanto a retribuciones, progresión en la carrera científica y estabilización, entre otras cuestiones. Esta garantía debe ir acompañada por cambios que afectan a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE) como la creación de un grupo profesional M4 (correspondiente al nivel 4 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) en el convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE y la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio (dietas).

2. Simplificación y eficiencia burocrática

Los acuerdos DORA y CoARA, aunque apuntan en la dirección correcta, resultan insuficientes para hacer frente a la saturación burocrática. Es imperativo elaborar políticas activas de descongestión, como, por otra parte, de simplificación y desaceleración de trámites administrativos y satisfacción de rankings y métricas de productividad. Asuntos como la elaboración de un registro único para convocatorias de plazas de personal docente e investigador en Universidades Públicas (art. 86.1, Ley Orgánica del Sistema Universitario) y Organismos Públicos de Investigación o el uso generalizado de un formato único de CV en las distintas convocatorias de contratos y proyectos se vienen prometiendo desde hace muchos años. Con los medios técnicos ya disponibles no hay excusa para no llevarlo a cabo. También es fundamental que exista un calendario fijo para las convocatorias competitivas de proyectos y recursos humanos (como es el caso en la Agencia Estatal de Investigación pero no en otros organismos del SECTI) y sobre todo que se cumpla rigurosamente, dotando a las agencias y demás organismos de los recursos (humanos y materiales) necesarios para ello. Del mismo modo, debe haber una estabilidad y continuidad en dichos programas que a día de hoy pueden ser muy volubles en cuanto a los requisitos y demás características, cuando no a su propia existencia. El exceso de burocracia innecesaria y mal planificada no solo va en detrimento de la productividad del personal investigador, sino que es una de las tareas que más afectan a la desmotivación y a la salud mental (burn out) y un mal uso de los recursos públicos, ya que consume tiempo de trabajo de unos y otros profesionales en una tarea que se puede simplificar sin mayor coste económico.

3. Ciencia responsable: transparencia, integridad, diversidad y coimplicación

Necesitamos dotarnos de normas y protocolos claros y contundentes para acabar con los múltiples abusos de poder en el SECTI que van desde la prevaricación en concursos públicos hasta el acoso sexual, pasando por el fraude científico. La creciente crítica y alarma mediática muestran la urgencia de acometer políticas activas que sancionen estas conductas y acaben con la impunidad actual. El recientemente nombrado Comité Español de Ética de la Investigación debe ser dotado de los medios necesarios para asegurar esta función y no ser relegado a un organismo meramente consultivo y marginal. La apuesta por un sistema transparente que potencie la integridad en la ciencia e investigación ha de venir complementada con otra apuesta por transformar un sistema de ciencia basado en la competitividad, la excelencia y la singularidad meritocrática, hacia un sistema basal constituido por la habitabilidad, la cooperación y colaboración, la accesibilidad de los recursos y la promoción de todas las manifestaciones de la diversidad y la inclusividad. Por un lado, es necesario un compromiso para reducir el techo de cristal, especialmente en las áreas del ámbito STEM y en los puestos de mayor nivel, donde se produce una mayor desigualdad de género. Por otro lado, debemos impulsar una ciencia inclusiva no solo en diversidad sexual sino también en diversidad funcional con la creación de un plan específico para la integración. Finalmente, la ciencia y la investigación ya no pueden entenderse ni como parcelas de conocimientos disjuntos, ni como esferas aisladas de lo social. Son necesarias convocatorias basadas en acciones/problemas, que integren el conocimiento local junto al académico, impulsando la colaboración interdisciplinar y la formación de ecosistemas de conocimientos (laboratorios de innovación pública y ciudadana, ONG, redes de expertos). Resulta imperativo descentralizar las políticas de transferencia científica, estrechar las relaciones entre las distintas áreas de investigación (STEM to STEAMS) y activar protocolos y alternativas de ciencia abierta.

4. Inversión del 3% del PIB en I+D+I

España arrastra un retraso histórico en inversión en I+D+I frente al conjunto de la Unión Europea que a su vez invierte poco, de media y en relación al PIB, frente a otros países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Esta legislatura debe ser la que alcance el 3% del PIB y una tasa de ejecución del 90% tanto en gasto no financiero como en gasto financiero. Esta inversión mínima en I+D+I no puede seguir siendo una promesa sin compromiso, sino que debe establecerse y publicarse una memoria económica detallada y vinculante que asegure el cumplimiento de este objetivo. Solamente desde un modelo transparente y sujeto a un riguroso seguimiento podremos asegurar su efectividad y evitar desviaciones.

Al garantizar derechos laborales, simplificar la burocracia, promover la responsabilidad en ciencia y aumentar la inversión en I+D+I, estaremos construyendo un SECTI capaz de dignificar el trabajo del personal de investigación y beneficiar a toda la sociedad en su conjunto.

Firmas

Coordinadora Marea Roja de la Investigación (Representantes: Francisco Palazon Huet, **6332**; Gemma Heras-Juaristi, **4315**; Jose Manuel Pérez García, **3762**)
Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (Representante: Cristina Rodríguez Prada, **1394**; CIF: V83598391)
Investi-Gal Rede Galega pola Investigación (Representante: Zulema Varela Río, CIF: G27882091)
Asemblea de Investigadoras de Compostelano (AIC) (Representante: Beatriz Álvarez Díaz, **28207**)
FPIs en lucha (Representante: Ascensión Andrés Garrido, **5118**)
FPU Investiga (Representante: Alejandro de Miguel Álvaro; CIF: G02749273)
Jóvenes por la Investigación de Tenerife (Representante: Arianna Fanio González; CIF: G76616499)
Piratas de la Ciencia (Representante: Guillermo Muñoz Matutano, CIF: G97983308)
Red de Doctorand@s del CSIC (Representante: Itziar Burgués Martínez; CIF: G05467337)
Investigación en Lucha (Mareíta Roja) (Representante: Gemma Heras-Juaristi, **4315**)
INICIATIVA (Investigación Activa de la Universidad de Valladolid) (Representante: Sara Gil Bernabé, CIF: G10761005)
Asociación de Persoal Investigador da Universidade de Vigo (APIUVigo) (Representante: Jose Ignacio Iglesias Prado, **1852**; CIF: G10723401)
Asociación para el Futuro de la Ciencia en España “Ciencia Con Futuro” (Representante: Santiago Rello Varona; CIF: G90332461)
Área Pública de CCOO (Representante: Humberto Muñoz Beltrán)
Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (Representante: Víctor Martínez García; CIF: G30824429)
Plataforma Personal Docent Investigador Precariat PPDIP (Representante: Teresa Samper-Gras)
Coordinadora Valenciana de Treballadores de la Ciència (Representante: Enric Cuevas Ferrando, **1767**)
Equipo Igualdad ICMol (Representante: María González Béjar, **859*0***)
Agrupación Extremeña de Jóvenes Profesionales de la Investigación – InvestigaEx (Representante: Guadalupe Nieto Caballero, **8964**; CIF: G10504793)
Sindicato Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de Universidades y Centros de Investigación (Representante: Hector Monterde i Bort; CIF: G40510562)
Asociación por el Futuro de la Investigación en Asturias (Representante: Daniel Lumbreras Martínez, **7288**; CIF: G13747480)
Rebelión Científica
CNT València (Representante: Antonia Madueño; CIF: G98398688)
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL Galega. CIG- ÁREA PÚBLICA (Representante: Xesús Bermello García, **7670**)
CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Representante: Ramón Caballero Klink, **6392**)
Jóvenes de Comisiones Obreras (Representante: Adrià Junyent, **9085**)
ASI-Granada Asociación de Jóvenes Investigadores Precarios de Granada (Representante: Eduardo Pérez Navarro, **6555**)
Unión Sindical Obrera- Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Representante: David Arroyo Guardeño, **8701**)
Marea Granate Ciencia (Representante: Pilar Monsalvete Álvarez de Uribarri, **5612**)
Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, ANIH (Representante: María Jesús Morán Bermejo; CIF: G84016716)
CNT Comarcal Sur Madrid (Representante: Susana González García; CIF: G85530335)
Frente de Estudiantes (Representante: Ana Granados; CIF: G87826046)
Sección Sindical Estatal de CCOO en el CSIC (Representante: Jorge Camacho, **9912**)
INNOVA Salamanca (Representante: Daniel Justo Sánchez, **2260**)
AIF-ULE (Representante: Luis Getino Alonso, **7212**)
INVEPA -Investigadores de Las Palmas (Representante: Elena Carretón, **9441**)
Dignidad Investigadora UAM (Universidad Autónoma de Madrid) (Representante: Félix Sánchez-Valver de Ortega, **1595**)
Unión Sindical Obrera (USO) (Representante: Sara García de las Heras)
Asociación Española de Personal Técnico y de Gestión de los OPIs (Representante: Miguel Llorente; CIF: G09991209)
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas – CREUP (Representante: Álvaro Mejías Martínez; CIF: G95324281)
Plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (Representante: Antonio Rodríguez Franco, **2857**)

Un novo pacto pola ciencia

Nos últimos anos púxose de manifesto o papel determinante da investigación científica na sociedade. A pandemia da COVID-19 e a emerxencia climática son dous exemplos de como a investigación científica supón un dos piares principais para afrontar a complexidade dos retos actuais. No plano lexislativo vimos algúns avances na incorporación de dereitos do persoal de investigación coa aprobación da reforma da Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación (LCTI), así como un incremento no presuposto de I+D+I impulsado polos fondos europeos Next-Generation EU. Porén, unha reforma parcial e unha inxección temporal de fondos non poden facer fronte ás necesarias transformacións pendentes no Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI). É o momento de establecer un novo pacto pola ciencia, centrándonos en catro alicerces fundamentais para a próxima lexislatura:

1. Estatuto do Persoal de Investigación

O sistema de xestión na ciencia debe escoitar ás persoas que a producen, ás persoas que fan a ciencia, a todo o persoal de investigación. Defendemos o modelo de ciencia que comeza na protección da súa base humana como o modelo mellor cohesionado, máis eficiente e máis innovador. Por este motivo, o inicio da transformación social dende a ciencia e a investigación debe situarse sobre as condicións laborais e os dereitos de todo o seu cadro de persoal. Seguindo o exemplo do que supuxo o Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en Formación (EPIPF) en 2019 para o colectivo predoutoral, precisamos dun Estatuto de Persoal de Investigación (EPI) que inclúa a todo o persoal investigador, técnico e de xestión en ciencia. Débense garantir dereitos mínimos en canto a retribucións, progresión na carreira científica e estabilización, entre outras cuestións. Esta garantía debe de ir acompañada por mudanzas que afecten a todo o persoal da Administración Xeral do Estado (AXE) como a creación dun grupo profesional M4 (correspondente ao nivel 4 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior) no convenio colectivo único para o personal laboral da AXE e a actualización das indemnizacións por razón de servizo (dietas).

2. Simplificación y eficiencia burocrática

Os acordos DORA e CoARA, aínda que apuntan na dirección correcta, resultan insuficientes para facer fronte á saturación burocrática. Resulta imperativo elaborarmos políticas activas de desconxestionamento, como, por outra parte, de simplificación e desaceleración de trámites administrativos e satisfacción de ránkings e métricas de productividade. Asuntos como a elaboración dun rexistro único para convocatorias de prazas de persoal docente e investigador en Universidades Públicas (artigo 86.1, Ley Orgánica do Sistema Universitario) e Organismos Públicos de Investigación ou o uso xeneralizado dun formato único de CV nas distintas convocatorias de contratos e proxectos están a prometerse dende hai moitos anos. Cos medios técnicos xa dispoñibles, non hai escusa para non levalo ao cabo. Tamén é fundamental que exista un calendario fixo para as convocatorias competitivas de proxectos e recursos humanos (como é o caso da Axencia Estatal de Investigación, pero non noutros organismos do SECTI) e, ante todo, que este calendario se cumpra rigurosamente, dotando ás axencias e demais organismos dos recursos (humanos e materiais) necesarios para elo. Do mesmo xeito, debe existir unha
estabilidade e continuidade nos devanditos programas, que a día de hoxe poden ser moi volubles nos seus requisitos e demais características, se non o é xa a súa propia existencia. O exceso de burocracia innecesaria e mal planificada non só vai en detrimento da produtividade do persoal investigador, senón que é unha das tarefas que máis afectan á desmotivación, á saúde mental (burn out) e a un mal uso dos recursos públicos, xa que consume tempo de traballo duns e doutros profesionais nunha tarefa que se pode simplificar sen maior custo económico.

3. Ciencia responsable: transparencia, integridad, diversidad e coimplicación

Necesitamos dotármosnos de normas e protocolos claros e contundentes para rematar cos múltiples abusos de poder no SECTI, que van dende a prevaricación en concursos públicos ata o acoso sexual, pasando pola fraude científica. A crecente crítica e alarma mediática amosan a urxencia de acometer políticas que sancionen estas conductas e acaben coa impunidade actual. O recentemente nomeado Comité Español de Ética na Investigación
debe ser dotado dos medios necesarios para asegurar esta función e non ser relegado a un organismo meramente consultivo e marxinal. A aposta por un sistema transparente que potencie a integridade na ciencia e investigación ten que vir complementada con outra aposta por transformar un sistema de ciencia baseado na competitividade, a excelencia e a singularidade meritocrática nun sistema basal constituído pola habitabilidade, a cooperación e a colaboración, a accesibilidade dos recursos e a promoción de todas as manifestacións da diversidade e inclusividade. Por unha banda, é necesario un compromiso para reducir o teito de cristal, especialmente nas áreas do ámbito STEM e nos postos de maior nivel, onde se produce unha maior desigualdade de xénero. Por outra banda, debemos impulsar unha ciencia inclusiva non só na diversidade sexual, senón tamén na diversidade funcional coa creación dun plan específico para a integración. Finalmente, a ciencia e a investigación xa non poden entenderse como leiras de coñecementos disxuntos nin como esferas illadas do social. Son necesarias convocatorias baseadas en accións/problemas, que integren o coñecemento local xunto ao académico, impulsando a colaboración interdisciplinar e a formación de ecosistemas de coñecementos (laboratorios de innovación pública e cidadá,
ONGs, redes de persoas expertas). Resulta imperativo descentralizar as políticas de transferencia científica, estreitar as relacións entre as distintas áreas de investigación (STEM to STEAMS) e activar protocolos e alternativas de ciencia aberta.

4. Inversión del 3% del PIB en I+D+I

España arrastra un retraso histórico en inversión en I+D+I frente ao conxunto da Unión Europea, que á súa vez inviste pouco, en media e en relación ao PIB, fronte a outros países como os Estados Unidos, Xapón ou Corea do Sur. Esta lexislatura debe ser a que acade o 3% do PIB e unha taxa de execución do 90%, tanto en gasto non fiinanceiro coma gasto financeiro. Esta inversión mínima en I+D+I non pode seguir a ser unha promesa sen compromiso, senón que debe establecerse e publicarse unha memoria económica detallada e vinculante que asegure o cumprimento deste obxectivo. Soamente dende un modelo transparente e suxeito a un rigoroso seguimento poderemos asegurar a súa efectividade e evitar desviacións.

Ao garantizarmos dereitos laborais, simplificarmos burocracia, promovermos a responsabilidade na ciencia e aumentarmos a inversión en I+D+I, estaremos a construír un SECTI capaz de dignificar o traballo do persoal de investigación e beneficiar a toda a sociedade no seu conxunto.

Un nou pacte per la ciència

En els últims anys s’ha posat de manifest el paper determinant de la investigació científica en la societat. La pandèmia de COVID-19 i l’emergència climàtica són dos exemples de com la investigació científica suposa un dels pilars principals per a afrontar la complexitat dels reptes actuals. En el pla legislatiu hem vist alguns avanços en la incorporació de drets del personal d’investigació amb l’aprovació de la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI) així com un increment en el pressupost de R+D+I impulsat pels fons europeus Next-Generation EU. No obstant això, una reforma parcial i una injecció temporal de fons no poden fer front a les necessàries transformacions pendents en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI). És el moment d’establir un nou pacte per la ciència, centrant-nos en quatre eixos fonamentals per a la pròxima legislatura:

1. Estatut del Personal d’Investigació

El sistema de gestió en la ciència ha d’escoltar les persones que la produeixen, a les persones que fan la ciència, a tot el personal d’investigació. Defensem el model de ciència que comença en la protecció de la seua base humana com el millor cohesionat, més eficient i més innovador. Per aquest motiu, l’inici de la transformació social des de la ciència i la investigació ha de situar-se sobre les condicions laborals i els drets de tota la seua plantilla. Seguint l’exemple del que va suposar l’Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació (EPIPF) en 2019 per al col·lectiu predoctoral, necessitem un Estatut del Personal d’Investigació (EPI) que incloga a tot el personal investigador, tècnic i de gestió en ciència. S’han de garantir drets mínims quant a retribucions, progressió en la carrera científica i estabilització entre altres qüestions. Aquesta garantia ha d’anar acompanyada per canvis que afecten a tot el personal de l’Administració General de l’Estat (AGE) com la creació d’un grup professional M4 (corresponent al nivell 4 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior) en el conveni col·lectiu únic per al personal laboral de la AGE i l’actualització de les indemnitzacions per raó del servei (dietes).

2. Simplificació i eficiència burocràtica

Els acords DORA i CoARA, encara que apunten en la direcció correcta, resulten insuficients per a fer front a la saturació burocràtica. És imperatiu elaborar polítiques actives de descongestió, com, d’altra banda, de simplificació i desacceleració de tràmits administratius i satisfacció de rànquings i mètriques de productivitat. Assumptes com l’elaboració d’un registre únic per a convocatòries de places de personal docent i investigador en Universitats Públiques (art. 86.1, Llei orgànica del Sistema Universitari) i Organismes Públics d’Investigació o l’ús generalitzat d’un format únic de CV en les diferents convocatòries de contractes i projectes es venen prometent des de fa molts anys. Amb els mitjans tècnics ja disponibles no hi ha excusa per a no dur-ho a terme. També és fonamental que existisca un calendari fix per a les convocatòries competitives de projectes i recursos humans (com és el cas en l’Agència Estatal d’Investigació però no en altres organismes del SECTI) i sobretot que es complisca rigorosament, dotant a les agències i altres organismes dels recursos (humans i materials) necessaris. A més a més, ha d’haver-hi una estabilitat i continuïtat en aquests programes que hui dia poden ser molt volubles quant als requisits i altres característiques, quan no a la seua pròpia existència. L’excés de burocràcia innecessària i mal planificada no sols va en detriment de la productivitat del personal investigador, sinó que és una de les tasques que més afecten la desmotivació i a la salut mental (“burn out”) i un mal ús dels recursos públics, ja que consumeix temps de treball d’uns i altres professionals en una tasca que es pot simplificar sense major cost econòmic.

3. Ciència responsable: transparència, integritat, diversitat i coimplicació

Necessitem dotar-nos de normes i protocols clars i contundents per a acabar amb els múltiples abusos de poder en el SECTI que van des de la prevaricació en concursos públics fins a l’assetjament sexual, passant pel frau científic. La creixent crítica i alarma mediàtica mostren la urgència d’escometre polítiques actives que sancionen aquestes conductes i acaben amb la impunitat actual. El recentment nomenat Comité Espanyol d’Ètica de la Investigació ha de ser dotat dels mitjans necessaris per a assegurar aquesta funció i no ser relegat a un organisme merament consultiu i marginal. L’aposta per un sistema transparent que potencie la integritat en la ciència i investigació ha de vindre complementada amb una altra aposta per transformar un sistema de ciència basat en la competitivitat, l’excel·lència i la singularitat meritocràtica, cap a un sistema basal constituït per l’habitabilitat, la cooperació i col·laboració, l’accessibilitat dels recursos i la promoció de totes les manifestacions de la diversitat i la inclusivitat. D’una banda, és necessari un compromís per a reduir el sostre de cristall, especialment en les àrees de l’àmbit STEM i en els llocs de major nivell on es produeix una major desigualtat de gènere. D’altra banda, hem d’impulsar una ciència inclusiva no sols en diversitat sexual sinó també en diversitat funcional amb la creació d’un pla específic per a la integració. Finalment, la ciència i la investigació ja no poden entendre’s ni com a parcel·les de coneixements disjunts, ni com a esferes aïllades socials. Són necessàries convocatòries basades en accions/problemes, que integren el coneixement local al costat de l’acadèmic impulsant la col·laboració interdisciplinària i la formació d’ecosistemes de coneixements (laboratoris d’innovació pública i ciutadana, ONGs, xarxes d’experts). Resulta imperatiu descentralitzar les polítiques de transferència científica, estrényer les relacions entre les diferents àrees d’investigació (STEM to STEAM to STEAMS) i activar protocols i alternatives de ciència oberta.

4. Inversió del 3% del PIB en R+D+I

Espanya arrossega un retard històric en inversió en R+D+I enfront del conjunt de la Unió Europea que al seu torn inverteix poc, de mitjana i en relació al PIB, enfront d’altres països com els Estats Units, el Japó o Corea del Sud. Aquesta legislatura ha de ser la que abast el 3% del PIB i una taxa d’execució del 90% tant en despesa no financera com en despesa financera. Aquesta inversió mínima en R+D+I no pot continuar sent una promesa sense compromís, sinó que ha d’establir-se i publicar-se una memòria econòmica detallada i vinculant que assegure el compliment d’aquest objectiu. Solament des d’un model transparent i subjecte a un rigorós seguiment podrem assegurar la seua efectivitat i evitar desviacions.

En garantir drets laborals, simplificar la burocràcia, promoure la responsabilitat en ciència i augmentar la inversió en R+D+I, estarem construint un SECTI capaç de dignificar el treball del personal d’investigació i beneficiar a tota la societat en el seu conjunt.

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